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Autoritarismo presidencial

 

El constitucionalismo norteamericano tuvo una influencia importante en la región. La mayoría de las constituciones latinoamericanas adoptaron muchos de sus postulados. Aunque, no con los mismos efectos. Así, el sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) que en Estados Unidos generó un equilibrio entre poderes, en América latina provocó la aparición del hiperpresidencialismo.

En México, este fenómeno es bien conocido. Tras la caída de Porfirio Díaz, y ante el problema de la fragmentación del poder político, el constitucionalismo de la época buscó concentrar el poder sobre la institución presidencial. Después, el régimen posrevolucionario lo llevó al límite: le otorgó al presidente de la República un cúmulo de facultades que estaban más allá de la Constitución.

La omnipotencia del presidente se explica a partir de estas facultades metaconstitucionales. El titular del poder ejecutivo se convertía —de facto—en el alma del sistema político mexicano. En el motor de la revolución institucionalizada. Específicamente, su asunción al poder le permitía ser el líder del partido en el gobierno, designar a su sucesor, resolver los conflictos de las entidades federativas, controlar los medios de comunicación y, por supuesto, a los poderes legislativo y judicial.

El debilitamiento de estas facultades comenzó—en 1977—con la constitucionalización de los partidos políticos, lo que provocó la aparición de una oposición cada vez más articulada y fuerte. Además, debemos tener en consideración la creación —durante los años 90— de algunos órganos constitucionales autónomos: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (IFE). De igual forma, es importante tomar en cuenta la reforma al poder judicial de 1994. Estos cambios y la alternancia del año 2000 hicieron que, prácticamente, estas facultades del presidente desaparecieran.

Sin embargo, dieciocho años después, el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador nos recuerda este autoritarismo presidencial. En su concepción, todo lo que se interponga a su voluntad debe ser eliminado. La razón es fundamental. Entre él y la voluntad del pueblo existe una relación indisoluble. O mejor: el pueblo y él son las dos caras de una misma moneda. Por eso, él ya no se pertenece, ahora es la encarnación de los deseos de la nación.

En esta lógica, es inadmisible que existan poderes ajenos al pueblo. Estos poderes son, en todo caso, usurpadores. Entes estatales que se arrogan, indebidamente, la voz de los mexicanos. La prueba de este actuar pernicioso reside en una pregunta: ¿estos órganos cuándo se han pronunciado a favor del pueblo? En la respuesta reside la desconfianza del presidente de la República.

Desde esta visión, el combate a los usurpadores se encuentra justificado. Es un imperativo del representante de la nación. Además, en esta batalla la institucionalidad se encuentra supeditada a los deseos populares. No en vano la democracia es el poder del pueblo.

El método para combatir a los oponentes está claro: la amenaza, el vilipendio, la defenestración.Al principio de su mandato, cuando la Corte —en ejercicio de sus atribuciones constitucionales—tomó decisiones que no le parecieron, buscó debilitar su independencia. Al ministro Pérez Dayán—que fue quien otorgó la suspensión contra la Ley de Remuneraciones— se le amagó con el juicio político.

En los últimos días, el mensaje ha sido claro: quien no se alinea a las determinaciones del presidente es el enemigo. ¿Cuál es la lógica de exhibir una lista de nombres y culparlos del presunto desfalco a Comisión Federal de Electricidad (CFE)? ¿No sería mejor ahorrarse el espectáculo, iniciar investigaciones serias y, en su caso, castigar a los culpables? Quizá. Sin embargo, a él no le interesa la justicia sino el escarnio.

Otros de sus adversarios son la sociedad civil y los organismos públicos autónomos. El desprecio por ambos se ha incrementado en esta semana. A una parte de los primeros los acusó de ponerle trabas en su objetivo de constitucionalizar la militarización del país. De los segundos quiere adueñarse, ya sea a través de recortes a su presupuesto, o bien, mediante la “purificación” de sus integrantes.

En este contexto, no debemos perder de vista que su control sobre los poderes es amplísimo. Él,como en antaño, es no solo el presidente de la República, sino también el líder de su partido. Bajo su dominio están el Congreso de la Unión y muchos de los congresos locales. En ambos casos, sus legisladores cumplen, salvo excepciones, sus determinaciones. No cuestionan, solo obedecen. ¿Cómo dudar de la voz del pueblo?

De igual forma, tiene influencia sobre las entidades federativas, con la figura de los súperdelegados.Y, con su iniciativa de eliminar a los intermediarios de los apoyos gubernamentales, indudablemente tendrá el control de los diversos grupos sociales.

En su narrativa, a partir del pasado primero de diciembre, el movimiento que él representa —y por el que votaron treinta millones de mexicanos—significa la cuarta transformación del país. Después de la revolución, la transmutación lopezobradorista.

El impulso de la revolución fue combatir las prácticas del porfiriato. Paradójicamente, de estas prácticas nació el régimen de los herederos de la revolución. El motivo de la cuarta transformación, es acabar con los vestigios del antiguo régimen y dar paso a una verdadera democracia. ¿Existe la posibilidad de que esta transformación caiga en la paradoja revolucionaria? En otras palabras: ¿se beneficiará de lo que iba a combatir? De seguir el camino emprendido hasta ahora, el cambio no será sino reminiscencia.

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