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Fórmula Otero

La relatividad de las sentencias es un presupuesto básico del derecho procesal. Sin embargo, el principio ha tenido una importancia mayor en el desarrollo del juicio de amparo. Su autoría se le ha atribuido a Mariano Otero. De ahí que, a este principio, también se le reconozca como la fórmula Otero.

Esta paternidad es, cuando menos, imprecisa.  En la propuesta de Otero, la relatividad de las sentencias es uno de los elementos de su sistema mixto  y no su sustento. No obstante, hacia 1857, el constituyente mexicano solo tomó en consideración esta última parte del sistema. El principio continuó, pero el modelo ya no era el mismo.

Este trasplante se entiende a partir del contexto político. El control judicial de la Constitución era agraviante para los legisladores de la época. A la vez, ejercerlo ponía en peligro los medios mediante los cuales se ejercitaba. Para evitar el inconveniente se buscó atenuar la declaratoria de inconstitucionalidad. El mecanismo idóneo para hacerlo fue, precisamente,  la fórmula Otero.

Durante el siglo XX, el contexto no mejoró. De ahí que, en la Constitución federal de 1917, el principio también se incluyera. De esta manera, el artículo 107, fracción II, de la Carta fundamental establece que:

“Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.”

En la ley reglamentaria del juicio de amparo, el artículo 73 reproduce, casi textualmente, lo que dice la Constitución.

El 20 de marzo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 1005/2018. En la sentencia, la Corte confirmó la resolución del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz, y ordenó a Jorge Winckler, fiscal general de esta entidad, que desbloqueara, de su cuenta del microblog twitter, al periodista Miguel León Carmona. La razón es simple: este bloqueo “corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información”.

Es decir, el uso de esta red social deja de ser privado cuando el usuario es un funcionario público que, a través de este medio, informa a la sociedad de las actividades propias de su encargo.

Por la importancia de la SCJN, la sentencia se viralizó de inmediato. Sin embargo, este criterio, aunque es nuevo para la Corte, no lo es en el país. La primera resolución en este sentido, y con argumentos similares, se dictó dentro del amparo indirecto 216/2017, por el Juez Quinto de Distrito del estado de Sonora, Alonso Cuellar Cuétara. En ella, se ordenó a Cuauhtémoc Galindo, presidente municipal de Nogales que desbloqueara de su cuenta de twitter a un ciudadano.

En cualquiera de los casos, el tema tiene diversas aristas. Me interesa destacar la que se presenta con motivo de los efectos de la sentencia, pues se ha provocado cierta confusión sobre este aspecto. Los medios de comunicación han reportado el hecho como el fin de los bloqueos en esta red social. Por su parte, los usuarios han exigido a personajes como Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Murat, Sanjuana Martínez, Kiko Vega, o Ernesto D´Alessio que hagan caso a la resolución de la Corte.

Aunque el precedente es importante, ambas cosas, están lejos de ser posibles. El obstáculo, como se advierte, tiene que ver con la fórmula Otero. Es decir, en el amparo en revisión 1005/2018, la Corte únicamente estudió lo relativo al caso concreto, o sea, el bloqueo del fiscal de Veracruz a un periodista. El análisis no se hace en abstracto, sino sobre cuestiones específicas. Consecuentemente, su sentencia solo tiene efectos para el caso ahí planteado.

El único beneficiado es el periodista y, por lo tanto, el único obligado es el fiscal. Incluso, si Jorge Winckler tuviera a otros usuarios bloqueados, estos no se beneficiarían por la sentencia de la Segunda Sala. Desde luego, bajo este esquema, es imposible pensar que, a través de esta resolución, se pueda obligar a otros funcionarios públicos a levantar el bloqueo a sus seguidores.

En los últimos años, la Corte ha abandonado la interpretación estricta de este principio. Así, en diversos amparos en revisión ha concedido la protección constitucional, incluso, cuando esto significaba beneficiar a personas ajenas al juicio. En el amparo en revisión 1359/2015, por ejemplo, la Primera Sala amparó a la asociación Artículo 19, para efectos de que el Congreso expidiera la ley reglamentaria del artículo 134, párrafo octavo, constitucional. Es claro que esta decisión no solo benefició a la asociación promovente, sino a todos los destinatarios de la norma.

Sin embargo, esto no significa que se haya eliminado la relatividad de las sentencias. Constitucional y legalmente, el principio continúa. Por lo tanto, el único camino para que un funcionario público elimine el bloqueo a un ciudadano, es que este promueva el respectivo juicio de amparo. A su vez, como ya se ha dicho, en caso de ser favorable, esta protección constitucional solo servirá para este asunto. No importa cuántos amparo se ganen, sus efectos estarán limitados al asunto que le dio origen.

Hasta aquí, y aunque esto parezca una carrera sin meta, la aplicación de la relatividad de las sentencias no es criticable. Es, por el contrario, totalmente entendible que al ser un acto específico de autoridad, la resolución solo se ocupe de quien encuentra vulnerados sus derechos por este actuar.

La situación cambia si pensamos en actos que, por su naturaleza, nos afectan a todos. Imaginemos asuntos en los cuales una determinada ley se declara inconstitucional. Esta no desaparecerá del ordenamiento jurídico, pues solo será contraria de la constitución para el promovente. Un absurdo. En este punto, la fórmula Otero deja de tener justificación.

Sobre todo si tomamos en cuenta que, utilizado de esta forma, este principio merma el objetivo del juicio de amparo: la protección efectiva de los derechos fundamentales. Durante los siglos XIX y XX, este principio tenía una razón de ser. Es más, si el amparo sobrevivió hasta ahora es, en gran parte, por la fórmula Otero. Hoy, sin embargo, las razones políticas que justificaron su inclusión han desaparecido. La pregunta es obligada: ¿por qué seguimos manteniendo este lastre?

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