El Congreso Rechaza Ambas Iniciativas: La despenalización del aborto y la
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las decisiones tomadas por el Congreso el 16 de octubre retrasan al estado de Puebla en cuestiones de derechos humanos e igualdad.
La iniciativa de reformar el artículo 294 del Código Civil (en relación con el matrimonio igualitario) y
el artículo 342 del Código Penal (en relación con la despenalización del aborto) fue rechazada por el
Congreso, que en su mayoría estaba integrado por la coalición Juntos haremos historia (Morena-PTPES).
Sólo se adoptó la reforma propuesta por Miguel Barbosa para reducir la pena máxima a un año
de prisión. Anteriormente, la pena máxima por aborto en el estado era de 5 años, una de las más
altas del país. Es discutible si la reducción de la pena puede ser descrita como un éxito.
La decisión de que el matrimonio seguirá siendo válido como «un contrato civil, por el cual un solo
hombre y una sola mujer se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia» es un
desacato a la sentencia de la Suprema Corta de Justicia de la Nación, que desde 2015 pidió a los
congresos de todo el país legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Según la SCJN, el
artículo 294 es, por lo tanto, inválido porque discrimina. Rocío García Olmeda (PRI), autora de la
petición, anunció que se tomarían medidas contra la violación de la Constitución. Pidió apoyo a la
comunidad LGBTTTI y a la Comisión de Derechos Humanos.
¿A quién afecta la decisión acerda del articulo 342 Código Penal? Especialmente a las mujeres y las
niñas que se ven privadas de la oportunidad de decidir sobre sus cuerpos. En 2018 hubo 1600
embarazos de menores en Puebla, lo que representa alrededor del 10% del número nacional
(16,500) según el INEGI. Las poblanas son el segundo grupo más grande (después de las residentes
del Estado de México) que viajan a CDMX para tener un aborto: entre abril de 2007 y octubre de
2019 hubo 1,336 abortos realizados (Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)).
Pero ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen los medios para viajar a Ciudad de México? Sólo
podemos adivinar el número de mujeres que se someten a abortos en clínicas clandestinas y sufren
daños como resultado de ello. Después de todo, las mujeres que quedan embarazadas
involuntariamente y no tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo muy probablemente pierden
la oportunidad de completar su educación y llegan a ser económica y emocionalmente dependientes
de un hombre. Como bien señala García Olmeda, se trata de un problema de salud pública.
Manifestantes alzaron sus voces el 13 de octubre durante la “marcha de putas“ en contra de la
decisión del Congreso. La marcha es parte de un movimiento internacional contra la violencia de
género que se originó en Canadá. Las manifestantes tomaron el centro histórico con lemas como
«Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo» y se pronunciaron en contra de los feminicidios, la
revictimización de las mujeres y a favor del aborto legal. Los creyentes formaron cinturones de
personas alrededor de iglesias y templos y oraron para proteger los sitios del vandalismo. Ojalá los
poblanos protegieran los derechos humanos de la misma manera que lo hacen con sus iglesias.
Oaxaca se convirtió recientemente en el segundo estado en legalizar el aborto hasta la semana doce
de gestación. En Puebla, el aborto es legal si es causado por la imprudencia de la mujer; si el
embarazo es resultado de una violación; si el embarazo provoca un peligro de muerte para la mujer o
por causas eugenésicas.
Con la reforma también se eliminó la parte que preveía una reducción del castigo, si la mujer no
tiene «mala fama“, podía ocultar el embarazo al público y el embarazo era un producto
extramatrimonial. Esto refleja otra vez la presencia de los valores religiosos en la legislación, aunque
el estado y la iglesia han estado oficialmente separados desde 1857.
Pero las decisiones del 6 de octubre no sólo van dirigidas contra las mujeres, sino también contra
otro grupo marginado. A la comunidad LGBTTTI se le sigue negando la oportunidad de casarse en
Puebla. Y esto a pesar de que, en 2018, 52 parejas se atrevieron a casarse, cuyos matrimonios el
Congreso se negó a reconocer. Los que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo se
refieren a la idea de la familia tradicional arraigada en el cristianismo, que no permite las parejas del
mismo sexo. La idea de aceptar cualquier tipo de amor hace tiempo que ha dejado de ser radical.
Pero el poblano conoce muy bien la discriminación y la homofobia: un claro ejemplo de ello se
mostró cuando el paso de peatones del 5 de Mayo, que en junio estaba coloreado de colores arco
iris (por el mes de orgullo LGBTTTI), fue pintado nuevamente de blanco por activistas de ProVida.
El 6 de octubre, el diputado Marcelo García Almaguer dijo acertadamente «No a la reforma mocha».
En México, el matrimonio entre personas del mismo sexo está legalizado en un total de 12 estados a
nivel estatal, y en algunos otros a nivel municipal.
Puebla se detiene mientras el resto del mundo sigue avanzando. ¿Una decepción para los votantes
de Morena? ¿De dónde viene el cambio en la agenda progresista?
Se dice que el tema del aborto no está fuera de la mesa, sólo otros temas, como la seguridad, son
urgentes. Así lo afirmó el diputado Tonantzin Fernández (Morena): «Sigue siendo un tema que se
está estudiando, sabemos que se van a realizar foros con las siguientes organizaciones y lo que queremos en el Congreso es que todas las ideas y los pensamientos sean escuchados. Somos un
Congreso incluyente y plural, tenemos que realizar primero los foros».
Pero ¿qué puede ser más importante que la igualdad de derechos y la seguridad de los grupos
marginados en el estado? Los diputados han ignorado las peticiones y gritos de ayuda de los
activistas y han legitimado sus decisiones con eslóganes como «hay que pensar antes de abrir las
piernas».
Puebla se mantiene fiel a su herencia y raíces cristiano-conservadoras en ambos temas y pierde la
oportunidad de dar un paso hacia el siglo XXI.