El congreso del estado de puebla culminó el proceso para elegir al nuevo fiscal general, que dio como resultado la titularidad de Gilberto Higuera Bernal. Al margen de hablar sobre su pasado, en el que se incluye ser un cercano colaborador del hoy presidiario Genaro García Luna cuando Higuera fue titular de la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública.
A partir de ese momento llega a su fin el lapso que dejo en la indefinición de rumbo a la institución tras la renuncia de Víctor Carranca. Sobra decir que Carranca junto con su pandilla de colaboradores fueron los responsables de envilecer la fiscalía y llevarla al estadio que hoy la sitúa como una de las peores fiscalías del país, en base al reporte 2019 de la organización “Impunidad Cero”. La historia ya le imprime un aire adverso al futuro de la institución, ante ello considero que la parte sustancial subyace en que como sociedad (académicos, cámaras empresariales, colectivos de derechos humanos) nos preguntemos ¿qué exigir para garantizar nuestro derecho de acceso a justicia expedita?
Partamos de la información que nos ofrece “Impunidad Cero”, para iniciar ¿qué es la impunidad?
Impunidad es la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Ocurre cuando los perpetradores escapan de toda investigación, detención, procesamiento, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.
¿Qué ocasiona la impunidad?
Desarticulación entre autoridades (policías, ministerios públicos y jueces), poca denuncia de delitos, bajo presupuesto a las instituciones de procuración e impartición de justicia, malas condiciones laborales para los operadores del sistema de justicia, mala gestión de los recursos en las instituciones del sistema de justicia, corrupción, baja capacidad de investigación criminal, colusión entre autoridades y grupos criminales y falta de capacitación a los operadores del sistema de justicia.
¿Cuáles son las consecuencias de la impunidad?
Mayor comisión de delitos, violencia, desconfianza en las autoridades, violaciones a los derechos humanos, injusticia y más corrupción.
En lo que respecta a nuestro estado la situación es deplorable, en base a los datos indagados por “Impunidad Cero”:
La fiscalía poblana se ubica en el lugar 27 de 32, lo cual la sitúa como una de las peores del país, solo por encima de Guerrero o Chiapas. Ahora bien, hagamos una comparación entre Chihuahua (la fiscalía más eficiente del país) y la de nuestro estado.
Número de Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes:
Chihuahua (25.10) Puebla (2.80)
Presupuesto per cápita en procuración de justicia:
Chihuahua ($655.06) Puebla ($140.16)
Carga de trabajo promedio por Ministerio Público:
Chihuahua (72.50 carpetas de investigación) Puebla (289.10 carpetas)
Tiempo medio de espera para denunciar:
Chihuahua (98.45 minutos) Puebla (165.38 minutos)
Confianza en el Ministerio Público Local:
Chihuahua (12.60%) Puebla (7.70%)
Efectividad en procuración:
Chihuahua (22.70%) Puebla (13.80$)
¿Podrá Higuera llevarnos como mínimo a los 15 primeros lugares?, ¿Habrá voluntad para homologar sueldos y capacitaciones similares a los del personal de la fiscalía federal?, ¿Habrá mecanismos para que los ciudadanos colaboremos en la observancia del desempeño de los ministerios públicos?
En definitiva, el nuevo fiscal tiene ante sí una carga de trabajo exorbitante, pero ya es momento de terminar con las trampas que permiten la evasión de la justicia por fallas de la institución.
El desempeño de Gilberto Higuera hablara por sí solo. Al tiempo.